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Wednesday, 24 October 2012

Transitoriedad y Precariedad en ASSA

Written by  María Laura Campás

 

El 31 de diciembre de 2011, se produjo el vencimiento del contrato de vinculación transitorio de la empresa Aguas Santafesinas Sociedad Anónima, quien es la principal prestadora actual del servicio de agua potable y servicios sanitarios en la provincia de Santa Fe.

A casi seis meses del vencimiento de dicho contrato de vinculación transitorio, los usuarios nos encontramos, ante la situación de una prestadora que no posee facultades jurídicas plenas para la prestación del servicio. Entonces, no solo estamos ante la presencia de un régimen transitorio de vinculación con la empresa Aguas Santafesinas Sociedad Anónima, sino que debemos añadir que desde fines del 2011, los usuarios hemos recibido el servicio, de una empresa que se encuentra en una concreta situación de precariedad.

Según el diccionario de la Real Academia española, el termino precariedad deviene de precario. Precario es aquello de poca estabilidad o duración, que no posee los medios o recursos suficientes, que se tiene sin título, por tolerancia o inadvertencia del dueño.

Es así, que los usuarios estamos ante una empresa que detenta un poder o titulo, sin ser la legal ni legítima persona jurídica para detentarlo.

En cuanto al contrato de vinculación, y ante la situación actual de la empresa prestadora del servicio en la provincia de Santa Fe, continuamos ante la vinculación mediante un contrato transitorio. Contrato transitorio, que legalmente ha finalizado. Quienes defendamos los derechos de los usuarios del servicio, sostenemos que desde la finalización del contrato transitorio de vinculación, se han venido infringiendo los derechos de los usuarios que reciben el servicio de ASSA.

Si bien debemos ser respetuosos y garantizar los derechos constitucionales de la empresa prestadora del servicio, ante un régimen transitorio y vencido, creemos que los usuarios han visto restringidos sus derechos constitucionales. Sostiene el administrativista Gordillo “…Por cierto, el principio debe funcionar tanto a favor del concesionario o licenciatario como de los usuarios, que son la otra parte inescindible de la relación jurídica y económica real. Por lo tanto la incolumnidad de la ecuación económica financiera del contrato es también la del usuario. Si —en ausencia de suficiente y adecuado sustento fáctico— se le aumentan tarifas, prorrogan plazos, disminuyen o perdonan inversiones o multas al contratista, se están lesionando los derechos e intereses de los usuarios, con indubitable infracción constitucional y la consiguiente obligación de reparar el daño.[1]

Por lo tanto, dejamos planteada las siguientes preguntas ¿Cuál es el motivo de exigirle al usuario el pago de un aumento, que a la fecha no se encuentra firme, de continuar prestándole el servicio en forma precaria, de continuar reclamando deudas, de continuar con un finalizado contrato transitorio, de continuar sin discutir un nuevo marco regulatorio del servicio y de continuar incumplimiendo la Constitución Nacional y la Ley de Defensa al Consumidor? ¿No será el momento de comenzar a regularizar la prestación del servicio de aguas y servicios sanitarios en la Provincia de Santa fe?

Indudablemente creemos que habiendo transcurrido una mitad de este 2012, es hora que los poderes que componen el Estado Provincial, comiencen a discutir y regularizar el servicio de aguas y servicios sanitarios en la provincia de Santa Fe, todo con el principal objetivo de bregar por la legalidad de este servicio que nada más y nada menos se trata del derecho humano al AGUA.



[1] GORDILLO, Agustín, “Tratado de Derecho Administrativo” T II La defensa del usuario y los administrados, Cap IV pág. 30.

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