Monitoreo y seguimiento de los servicios de agua potable y saneamiento
de la Provincia de Santa Fe

Miércoles, 04 Abril 2012

Regular para mejorar

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El término regulación, en palabras del Diccionario de la Real Academia Española, significa “medir, ajustar o computar algo por comparación o deducción”, o si se quiere “ajustar, reglar o poner en orden algo: regular el tráfico, regular las tarifas”, etc.

La regulación supone ordenar pautas de funcionamiento, y cuando se trata de la prestación de servicios públicos, la regulación para su funcionamiento se convierte en un proceso central en el sistema que estemos analizando. Por lo tanto, este infinitivo no sólo es un verbo, también es una actitud, y obviamente una forma de administrar la cosa pública.

Si nos referimos al servicio de agua potable y cloacas, a la energía eléctrica, el transporte urbano e interurbano, la seguridad pública, el alumbrado, la recolección de residuos, y otros tanto servicios públicos de vital importancia, sean estos órbita municipal o provincial, se constituyen en procesos de políticas públicas que en su esencia contienen una naturaleza no sólo jurídica sino también social que los hacen sujeto de regulación; esto más allá de quienes sean los prestatarios.

Por ello, sin lugar a dudas, todo lo que administra el Estado debe estar sujeto a control y regulación.Claro está que en la Argentina, y también en su correlato provincial y local, los entes de control o reguladores de la prestación de servicios públicos se fueron creando y reorganizando a partir de privatizaciones en la prestación de los mismos, como así también con la contratación de terceros para que estos intervengan en alguna fase del proceso. La década del ’90 fue la etapa donde se constituyeron la mayoría de los entes de control. Tal es el caso del Occovi, Organo de Control de Concesiones Viales, cuya agencia estatal se encarga de regular las concesiones de rutas por sistema de peaje. Así siguieron los organismos de control para el Transporte (CNRT), la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), el ENRE para la energía eléctrica, y así tantos entes que conforman el sistema de regulación y control que ejerce el Estado nacional en todas las materias que están bajo su jurisdicción.

A nivel provincial, y en cuanto al servicio de agua potable y cloacas, se creó el Enress por Ley Nº 11.220, como organismo de regulación y control de la concesión del servicio tanto a nivel de la empresa que en su momento se adjudicó la prestación -Aguas Provinciales de Santa Fe-, como así también tiene a su cargo el control de las prestaciones ejecutadas por cooperativas de servicios y municipios o comunas.Es decir, más allá de la existencia de instancias gubernamentales y de órganos de defensoría y la propia Justicia, los entes de control o de regulación de servicios públicos siguen siendo una deuda social para un sistema de prestación que conjuga lo público y lo privado en un mismo esquema, y que además requiere de una cada vez mayor intervención de los usuarios y los consumidores para garantizar esa tríada ideal: Estado, empresas y sociedad civil.Si se quiere, a mi entender, el problema central no lo constituye la existencia o inexistencia del correspondiente ente regulador para cada servicio público que estemos analizando. Tal es el caso de la Empresa Provincial de la Energía.
La clave no está en generar organismos que sumen burocracia sin intervenir efectivamente en la regulación, puesto que el eje central es poder considerar colectivamente, tanto el Estado, las empresas como la propia sociedad civil, que regular no es frenar, que controlar no es impedir, sino que regular debe ser sinónimo de mejorar. En el caso de la EPE debe constituirse un organismos que regule y controle su funcionamiento, pero antes debemos entender con qué finalidades y con qué competencias amplias se organiza.

Y aquí, en esta breve y simple reflexión, también se encuentra el papel que a cada uno de los actores nos toca jugar en el escenario de los servicios públicos y su control:

  1. al Estado, quien debe generar y potenciar todas las instancias de control interno y externo de sus actos administrativos, puesto que de la mutua regulación se pueden producir cambios y alternativas viables;
  2. a las empresas, quienes deben entender que un sistema jurídico de regulaciones no se establece para frenar el avance económico y social sino más bien para garantizar en los marcos preestablecidos que ello ese avance se produzca;
  3. a la sociedad civil, la cual a través de sus organizaciones de usuarios y consumidores, y también los vecinos en forma individual o colectiva, sepamos entender que el aporte que debe llevarse a los organismos de control y de regulación deben ser para generar propuestas alternativas que superen la ineficacia y la ineficiencia con la cual se prestan los servicios públicos.

Porque regular es sinónimo de mejorar, nuestro compromiso debe ser crear para progresar.

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